La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha emitido una sentencia en la que anula la convocatoria de ayudas y subvenciones públicas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para costear planes de formación para trabajadores de 2014, que fue publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de agosto de ese año.
Estiman una demanda de tres patronales (del metal, hostelería y dependencia), las cuales denuncian que el SEPE no respetaba el uso finalista de las cotizaciones para formación de los trabajadores. No obstante, los magistrados no entran en el fondo de esta demanda pero anulan la convocatoria por cuestiones procedimentales.
Los motivos de la anulación
Consideran que la Comisión Estatal de la Formación para el Empleo, debería haber emitido un informe preceptivo, tras informar a las organizaciones patronales y sindicales de la distribución de las ayudas y entienden que la omisión de este informe “ha supuesto la privación del derecho de participación de los trabajadores y empresarios a través de los agentes sociales que les representan”. Estos son los motivos por los cuales la Audiencia anula las ayudas, que ascienden a 139 millones de euros.
¿Qué pasa entonces con el dinero que ya ha sido repartido?
Los expertos aseguran que, después de que el SEPE aporte el informe preceptivo, el asunto quedará resuelto y los beneficiarios no deberán devolver las subvenciones.
Una vez comunicada la sentencia al SEPE, éste tendrá dos meses para aportar el informe y subsanar lo que se le solicita.
En el Ministerio de Empleo consideran que sí han cumplido con sus obligaciones, al incluirse el reparto de los fondos, tanto en los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, como en el Plan Anual de Política de Empleo, en los que se incluyeron la distribución y asignación de dichos fondos.
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